El Protocolo de Nagoya busca una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Su implementación y la legislación asociada son complejas e implican una elevada carga administrativa con la que el personal de investigación no suele estar familiarizado. Para facilitarles la comprensión de su aplicación, el Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo (CIM-UVigo), coordinador del proyecto European Blue Biobank (EBB), organizó este viernes, en colaboración con la Fundación Cetmar, una conferencia técnica para dar a conocer las obligaciones vigentes en materia de acceso y uso de recursos genéticos derivadas de este protocolo y su normativa.
La conferencia se celebró en el Cetmar con aforo completo y se centró en la aplicación del Protocolo de Nagoya en el medio marino. Su objetivo era informar a los asistentes sobre las obligaciones y los requisitos establecidos en la legislación, así como presentar y analizar ejemplos de uso comercial y no comercial de los recursos marinos en el marco del protocolo. Además, se presentó la Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a los Recursos Genéticos, desarrollada en el marco del proyecto EBB. Entre los asistentes se encontraban Noelia Vallejo, coordinadora nacional española del Protocolo de Nagoya del Ministerio para la Transición Ecológica; Alejandro Lago, responsable del proyecto ABS Global del PNUD-GEF; y Fiz da Costa, investigadora del CIM-UVigo y responsable del proyecto EBB.
Maior transparencia e seguridade xurídica
El Protocolo de Nagoya, en consonancia con las directrices del Convenio sobre la Diversidad Biológica, tiene como objetivo fundamental compartir los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías, con el fin de contribuir a la conservación de la diversidad biológica y al uso sostenible de sus componentes.
Los países firmantes de este acuerdo se comprometen a establecer medidas para garantizar que el acceso a los recursos genéticos utilizados en su jurisdicción se ajuste al marco normativo nacional del país proveedor, comprometiéndose así a combatir la biopiratería, como explica el propio Ministerio de Transición Ecológica. Para ello, los 92 países miembros se comprometen a establecer puntos de control y a exigir a los usuarios de recursos genéticos que proporcionen información sobre ellos, principalmente a través del certificado de conformidad, si lo hubiere. «Esto redundará en una mayor transparencia en los sectores que utilizan recursos genéticos y en una transferencia de beneficios más fluida y constante a los países proveedores, contribuyendo así a la conservación de la diversidad biológica, al uso sostenible de sus componentes y a la reducción de la pobreza», afirma el ministerio.
En la práctica, estas directrices implican que los potenciales usuarios de recursos genéticos deben obtener el consentimiento informado previo del país donde se ubica el recurso, así como negociar y acordar los términos y condiciones de acceso y uso. De este modo, el protocolo ofrece un marco de mayor seguridad jurídica y transparencia tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos, y contribuye a garantizar la distribución equitativa de los beneficios, además de impulsar avances en el ámbito de la investigación y el desarrollo sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos.
La actividad investigadora del CIM-UVigo y las actividades de difusión y transferencia del Centro cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Unión Europea, a través de su cofinanciación en el marco del Programa Operativo FEDER/FSE Galicia 2014-2020.
Fuente: DUVI
